NextGeneration EU es un instrumento cuyo objetivo esencial es ayudar a reconstruir las economías de los estados miembros tras el impacto de la pandemia. Forma parte del Plan de Recuperación para Europa, el  mayor  paquete de estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea con un total de 1,8 billones de euros.

De estos fondos, a España le corresponde un total de 140.000 millones de euros. Ello supone una ocasión única para impulsar definitivamente la transformación de la economía, la modernización del tejido empresarial y el estímulo de los sectores estratégicos. 

Esta sesión reunió a tres expertos sobre las características y la gestión de los fondos europeos:  Joan Navarro, socio y vicepresidente de Asuntos Públicos de Llorente & Cuenca; Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona; y Jaume Amill, director de empresa e innovación de Daleph.

FONDOS PARA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL

Antón Costas quiso definir, en primer lugar, la auténtica naturaleza de estos fondos europeos. Este es un punto esencial ya que se suele asociar a menudo la palabra recuperación con Next Generation EU. En este sentido, precisó que “el adjetivo recuperación no está bien escogido porque significa inyectar un estímulo a la economía buscando resultados a corto plazo, y este no es el caso de Next Generation EU”.

 En esta misma línea, apuntó que “estos fondos no son para volver a la realidad anterior, sino para construir el nuevo contrato social que necesitamos y una economía más resiliente de cara a futuras eventualidades”.

A continuación, Antón Costas se refirió a los fondos como “una oportunidad de dimensión histórica”. Las cifras lo confirman: desde que España entró en la Comunidad Europea en 1986 hasta 2012 recibió un total de 80.000 millones.  “Ahora en pocos años se va a poder gestionar una cuantía muy superior a esta cifra”, recordó Costas. 

A pesar de las grandes expectativas generadas, el catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, advirtió que “si estas elevadas cantidades no se gestionan bien podrían causar una enorme frustración”.


SUPERVISIÓN EUROPEA

España ha tenido históricamente una gran capacidad de acceso y de gestión de fondos europeos pero los actuales son distintos porque afectan a proyectos transversales y esto es una novedad. Antón Costas señaló que “la administración española no está familiarizada con esta tipología de fondos y por tanto habrá que mejorar esta capacidad de gestión específica”.

Otra característica esencial de los fondos es que, al ser de titularidad europea y estar gestionados por los gobiernos nacionales, los proyectos van a ser supervisados antes, durante y después de la inversión.  De hecho, la terminología de la UE habla de misiones que hay que cumplir. Según Antón Costas, “no debemos perder esto de vista, y si lo hacemos nos vamos a equivocar al gestionarlos”.

Los fondos se consideran inversiones cuyo impacto se verá a medio plazo entre 2022 y 2026. “Ahora mismo, para estimular la economía de manera rápida, el mejor instrumento que tenemos a nuestro alcance en Europa es la vacunación masiva”, indicó. Esto contrasta con el enfoque que se aplica en Estados Unidos, donde se han establecido programas de recuperación económica que buscan una reactivación inmediata”.

LEGITIMIDAD Y GOBERNANZA, ELEMENTOS DETERMINANTES

La pandemia ha golpeado las economías nacionales con gran dureza con efectos muy visibles en pequeñas y medianas empresas y en el nivel de paro. En este contexto –señaló Antón Costas– “existe una necesidad de que los países se doten de una gran legitimidad social, política y empresarial. Sin esta legitimidad podemos tener mucho ruido y mucha contestación”.

La gobernanza es el segundo mecanismo para poder canalizar los fondos de manera eficaz. A nivel de la UE, por el momento, se está reformando el marco de ayudas de estado a las empresas nacionales para que las iniciativas que se lleven a cabo sean compatibles con las normas de competencia. “Esto probablemente vaya a retrasar las ayudas”, explicó Antón Costas.

En España, para garantizar la gobernanza de los fondos, se hace necesaria una adaptación de las administraciones. El gobierno ha abordado este reto con la aprobación a finales de año del Real-Decreto-Ley 36/2020 .

En este decreto aparecen delineados los instrumentos de planificación y de gestión de los fondos. Además, se abren tres vías para canalizarlos: cooperación público-privada, licitación de contratos o subvenciones, y proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE).

Antón Costas sostuvo que “los PERTE representan el ámbito con un mayor potencial para innovar” y defendió que, para sacar el máximo provecho de ellos, “no deben ser vistos solo como relevantes a nivel nacional, sino que deberían conectarse con el marco IPCEI (Important Projects of Common European Interest)”.

LOS FONDOS DESDE LA PERSPECTIVA EMPRESARIAL

Joan Navarro coincidió con Antón Costas en señalar la excepcionalidad de los fondos Next Generation: “Es un gran esfuerzo de la Unión Europea que supone un cambio en la filosofía política de esta organización. Por primera vez la UE se endeudará para ayudar a los estados miembros”.

Según Joan Navarro, los 140.000 millones que recibirá España suponen un reto, también sin precedentes, tanto para la administración pública como para las empresas del país. Cuando se presentó en octubre pasado España Puede se establecieron los grandes objetivos de los primeros 75.000 millones: un paquete de medidas de modernización de la administración y diversos reformas económicas.

Las empresas deben ver –señaló Joan Navarro– que el objetivo de estos fondos “no es ayudar a superar una crisis temporal ni a desarrollar infraestructuras”.  A este respecto, subrayó que “constituyen un apoyo a la inversión productiva pública y privada, y no todas las empresas están en condiciones de realizar tanta inversión productiva ahora mismo”.

ÁREAS DE INTERÉS PARA RECIBIR FONDOS

Joan Navarro recordó que la orientación que el gobierno pretende dar a los fondos “se puede percibir claramente en los últimos presupuestos generales”. En ellos se han adelantado 27.000 millones para el 2021, destinados en un 37% a transformación ecológica, un 33% para transformación digital y el resto para proyectos de cohesión territorial e igualdad de género. “Los proyectos que no participen de estos conceptos no van a ser elegibles, por muy necesarios o interesantes que parezcan a priori”, destacó.

El gobierno ha puesto en marcha la figura de los MDI (manifestaciones de interés) con el fin de identificar áreas para destinar los fondos europeos. “A partir de aquí propondrá clústeres de inversión a la UE en función de las áreas de interés identificadas”, señaló.

Una gran pregunta que en estos momentos muchos se plantean es cómo van a recibir las empresas los fondos.  Joan Navarro indicó sobre el particular que “aunque todavía no se conocen muy bien todos los detalles, habrá básicamente tres modalidades de acceso”.

 La primera será la clásica licitación pública para proyectos. La segunda consistirá en la apertura de registros para las empresas que formen parte de las áreas de interés presenten proyectos concretos. Y, finalmente, la tercera será una amplia convocatoria de subvenciones con requisitos especiales.

Joan Navarro aseguró que “si no hay obstáculos, desde el punto de vista del estado, el dinero podría llegar a las empresas en septiembre, con un avance de más del 50% de la inversión concertada”.

COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Al igual que había señalado Antón Costas, Jaume Amill remarcó la importancia de la gobernanza en la gestión de los fondos. Sobre este punto Joan Navarro recordó que “en nuestro sistema político existen muchas competencias compartidas y eso implica que una parte importante de los fondos van a ser transferidos a las CCAA, que se tendrán que ejecutar siguiendo los criterios que la UE impone a España”

Jaume Amill explicó que el gobierno de Cataluña ha abierto ventanillas para recoger 527 proyectos, 27 de los cuales son de carácter emblemático. Además, ha publicitado MDI de los ministerios, así como los importes que se prevé que van a corresponder a esta comunidad, si bien el monto final, no se conoce todavía con exactitud. Esto es extensivo al resto de CCAA.

En la medida que el proceso avance, requerirá un acuerdo de coordinación y el establecimiento de un sistema de cogobernabilidad. La idea es dotar a la administración de una gestión ágil, flexible y que ofrezca garantías. “En Cataluña –según Jaume Amill–  parte de la sociedad civil se ha organizado para pedir un pacto público-privado para la gestión de los fondos”.

Según Amill, además de los presupuestos, los ministerios son una valiosa fuente de información para intuir el camino que van a seguir las inversiones futuras. Igualmente, apuntó que el documento España Puede comprende 61 tipologías de acciones diferentes. “No todas serán acciones nuevas, sino que algunas probablemente incidirán en líneas de actuación ya existentes”, añadió.

Jaume Amill concluyó su intervención remarcando que “es el momento de pensar en desarrollar grandes proyectos y objetivos”.